La historia de once pueblos de la provincia de Buenos Aires que quedaron relegados y su desarrollo económico truncado con el cierre de un ramal de ferrocarril, fue retratada por documentalistas platenses. Desidia, olvido y abandono estatal contrastan con la resistencia de los pueblerinos a ser borrados del mapa .
“Siempre es igual: el olvido… y la muerte”, sentencia con su voz, tajeada por el paso de los años, el casi centenario Ernesto Sábato en una pasaje de la célebre opereta criolla Lo que me costó el amor de Laura, compuesta por Alejandro Dolina en 1998. Esas ocho palabras son las que mejor describen la situación actual de miles de pueblos argentinos, a los que el Estado parece recordar una vez cada diez años y sólo con fines estadísticos.
A principios de octubre pasado, no fueron pocos los medios de comunicación que eligieron fustigar al Censo nacional de población 2010 y rotularlo como “el Censo del miedo”. Sin embargo, más allá de las características particulares que pudieran haber motivado esos rótulos, “la foto de la noche anterior” que recoge el Estado Nacional una vez cada diez años es (o al menos debería ser) una herramienta para diagramar políticas publicas tendientes a mejorar la vida de los habitantes durante la década posterior.
Sin embargo, en algunos lugares del país pareciera que los datos que se recogen en un Censo no variarán con el paso de los años. Fue, sin más, un dato estadístico el que nos llevó en abril de 2007 a recorrer, junto a las Licenciadas en Comunicación Social Daniela Escribano y Fernanda García Germanier, once de los pueblos que nacieron a la vera de un ramal de ferrocarril a principios del siglo XX. Husmeando en los datos del Censo 2001, descubrimos que a 70 kilómetros de la capital de la provincia de Buenos Aires había una localidad en la que vivían apenas 6 hombres y una sola mujer. ¿Qué podía llevar a aquellas siete personas a elegir quedarse en Las Tahonas en lugar de acortar la distancia con otros conglomerados urbanos?
Un segundo dato, más contundente, confirmó que debíamos recorrer todas las localidades comprendidas en esos 103 kilómetros de vía férrea: en el extremo sur del recorrido ferroviario, el pueblo de Las Pipinas había perdido 150 habitantes en apenas una década.
La eterna clausura provisoria
Cuando Rodolfo Walsh escuchó en una mesa del club de ajedrez platense la histórica frase “hay un fusilado que vive” supo que debía dar inicio a la búsqueda de esa persona que había logrado sobrevivir a los asesinatos cometidos por la autoproclamada Revolución Libertadora en un basural de José León Suárez. Tenía siete personas por delante y una dictadura a la que denunciar.
Casi las mismas premisas se pueden aplicar a la búsqueda de once pueblos que se erigen en la muestra contundente del olvido y la ignorancia a la que se los condujo cuando, de buenas a primeras, los genocidas encabezados por Jorge Rafael Videla, Orlando Agosti y el recientemente fallecido Emilio Eduardo Massera les quitaron el servicio que, a su vez, fue el motor de sus vidas: el tren. Abandonados a su suerte tras el cierre del ramal, se abrió una grieta que no todos los habitantes llegaron a vislumbrar en aquella triste tarde de junio de 1978, esa que hoy recuerda Iraúl en el almacén de ramos generales de Vieytes con lágrimas en los ojos y un “qué te ibas a ir a despedir de eso si era para tristeza”.
Como presagiando el ocultamiento al que los condenaría la decisión dictatorial de cerrar el ramal porque “daba pérdida”, escogieron una fecha clave para la distracción social. El último tren de pasajeros que unió a los once pueblos con La Plata partió el 31 de mayo de 1978, pero un día más tarde las tapas de los diarios reflejaban que Polonia y Alemania Federal darían inicio al mundial de fútbol.
Ya en abril se había anunciado el cierre de algunas estaciones intermedias, pero el golpe letal fue anunciado cuatro días antes del viaje final. Fue a través de las páginas del diario El Día: “La jefatura local de la estación La Plata del Ferrocarril Roca dio ayer un comunicado anunciando que a partir del 1 de junio el tráfico de pasajeros y carga con destino a estaciones hasta Pipinas quedará clausurado provisoriamente hasta nuevo aviso”.
Sud, paredón… ¿y después?
“Los llaman pueblos fantasmas, ¿será porque asustan quietos?” describe, con poética mirada, Daniela Escribano en Sueños de tren, tema que compuso especialmente para Soy por el tren (o no soy), el documental que retrata la historia de esos pueblos nacidos a la vera del Ferrocarril del Sud; historias que se mantienen ocultas en el agitado trajinar de la vida urbana.
Los nombres de estos pueblos pueden aparecer extraños, incluso hasta remotos. Ssólo unos pocos podrían describir exactamente dónde están o ubicarlos en un mapa. Sin embargo, allí está el pueblo que eligió pelear por su nombre, el que conserva una pulpería que uno cree posibles sólo en las ediciones del Martín Fierro, y aquel que supo ser motor económico de la región con su fábrica cementera y que fue reducido a las ruinas y las montañas de cal. Están, también, los que obligan a caminar leguas para llegar al colectivo que los llevará hasta la farmacia, o al hospital más cercano. Y los que perdieron manzanales alemanes, junto a los que sólo pudieron conservar su escuela. Y siempre, en los once, cual fiel testigo del despojo y brutal recordatorio del tiempo pasado que al menos en este caso fue mejor, quedan las estaciones del tren.
Con matices, Rufino de Elizalde, Arana, Ignacio Correas, Bartolomé Bavio, Payró, Vieytes, Alvarez Jonte, Las Tahonas, Verónica, Monte Veloz y Las Pipinas vivieron la misma historia. Tras la clausura del ramal, la llegada de un servicio de ómnibus fue el oropel con el que intentaron compensarlos aunque, una vez más, el paso del tiempo llevó a la cancelación de servicios y fue dejando a los pueblos aislados.
La estrategia, una vez más, fue poco disimulada. De hecho, mientras resaltaba que “a casi 65 años de su habilitación -todo un acontecimiento de aquella época-, se suprime con nostalgia para los antiguos vecinos de todas las estaciones de la línea que lo consideraban un medio de fundamental progreso y lo vieron deteriorase año a año”, apenas un subtítulo separaba en el diario El Día el anuncio de los nuevos servicios de ómnibus que recorrerían la zona hasta llegar a su destino final: el Hotel Corcemar.
Monumento al abandono
Precisamente Corcemar (sigla escogida por la Corporación Cementera Argentina radicada en Córdoba para comercializar los productos del rubro) fue uno de los factores que, por aquellos años, llevó a Pipinas a no sentirse parte del abrupto cambio que significó el cierre del ramal.
Con sus ojos perlados por el recuerdo, Luis Corvalán, uno de los tantos ciudadanos-empleados que tuvo Corcemar en Pipinas, evoca que en 1978 pensaron que el cambio del tren por el colectivo sería mejor. “Ni nos dimos cuenta, como el pueblo con la cementera estaba bien, no le dimos importancia, no nos dimos cuenta”, explica. Pero tampoco en este caso se logró evitar el paso arrollador del neoliberalismo que, en su fase económica, comenzó con los genocidas del ‘76 al ‘82 y se acentuó durante el gobierno menemista.
Fue así como en 1991 la empresa cordobesa que se había asentado en Pipinas en 1935 vendió a Loma Negra la planta que le daba vida al pueblo. Desde su arribo a Pipinas, la empresa de los Fortabat desguazó el horno de cemento y le cambió el sentido a la fábrica: en adelante iba a ser una calera. Una vez más, el cambio no buscaba mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Durante los diez años transcurridos entre los Censos nacionales de 1991 y 2001 , Loma Negra llegó a emplear en forma directa e indirecta a más de un tercio de los pipinenses, pero ya en 2000 le comunicó a 50 empleados que no les renovaría el contrato y el golpe final no tardó más de un año en arribar. El diario Hoy lo reflejó con un título que resume el impacto social de la medida: “Un pueblo agoniza con el cierre de Loma Negra”.
En la nota del medio platense, Edgardo Cuello comenta que fue obligado a renunciar el 2 de mayo de 2001 y sintetiza: “nos lo comunicaron y llamaron a gente del gremio. Dijeron que esto se cerraba, y que nos teníamos que ir o si no nos echaban el 17 de mayo. No sé lo que voy a hacer de ahora en adelante (…) Con el sueldo que me da la empresa por diez años no me alcanza y, además, cuando se termine, me quedo sin nada”. El entonces intendente de Punta Indio, Luis Colabianchi, marcó el quiebre con una frase contundente: “Esto es un golpe al futuro, pues perjudica a los jóvenes en condiciones de insertarse en el mercado”.
Hoy, al recorrer los once pueblos, la vigencia de esa frase se reafirma a cada paso y, en gran parte, es consecuencia del impacto de la clausura del servicio ferroviario que en Pipinas no fue advertido hasta que cerró Corcemar (porque en esas calles de asfalto que hoy habita el viento, allí donde se erige una enorme montaña de cal como monumento a la desidia, los pueblerinos siguen llamando a la fábrica con el nombre que llevó hasta 1991).
Manuales de resistencia
Faltan apenas unos meses para conocer las estadísticas que el Estado elaboró en base al Censo de octubre de 2010. Y la lucha de esos pueblos continúa sin cesar.
En el punto extremo sur, la Cooperativa Pipinas Viva intenta resistir el olvido y cambiar la impronta del Hotel que albergó a los obreros de la cementera. “El pueblo se mueve por el turismo rural y la parrilla-restaurante que instalamos en el hotel. Los días de semana se trabaja bastante bien y en el verano apostamos a los turistas que vienen a esta zona. Hemos recibido algunos subsidios que nos permitieron comprar bicicletas para pasear por el pueblo, sommier para las habitaciones, una televisión nueva y actualmente estamos desarrollando un plan de seguridad e higiene”, comenta María Fernanda Peluso desde el lobby del Hotel Pipinas. Ella es una de las seis integrantes que aún trabaja allí. “No es sencillo, porque al ser cooperativa uno no sabe exactamente cuánto ni cuándo va a cobrar. Algunos se quedan y otros se van yendo. Es entendible”, se sincera.
Otra arista de la lucha por no desaparecer es la que encabezan los vecinos de Bartolomé Bavio, el pueblo que con su militancia obligó a que el municipio los reconociera con ese nombre en lugar del General Mansilla con el que aparecían en varios mapas. Los abanderados de ese reclamo integran el grupo Por Nosotros, cuyo lema es “los grandes proyectos nacen de la recuperación de pequeñas cosas”. Son ellos los que encarnan la esperanza del retorno de un servicio que los comunique por la vía que el Estado abandonó en 1978. Son ellos los que retomaron el reclamo que la sociedad vecinal de fomento de Álvarez Jonte había esbozado el 24 de junio de aquel trágico ‘78 a través de una carta al presidente de Ferrocarriles Argentinos.
Desde Jonte, habían solicitado la reapertura del ramal clausurado semanas antes afirmando que “esta localidad, al igual que otras del ramal recientemente suspendido que unía La Plata con Pipinas, ha quedado incomunicada, pues no existe por el momento microómnibus de enlace”. Hugo Olaiz, habitante del pueblo, detalla que verlo en el estado actual “es un dolor profundo”, y destaca que hoy su Álvarez Jonte “es una tapera”. Olaiz expresa su temor al advertir el mismo proceso en otros pueblos: “éste es un pueblo que queda desaparecido”, grafica en uno de los tantos casos que se repiten a lo largo del país.
Basta con consultar a cualquiera en los once pueblos del ramal La Plata-Pipinas o en las vecinas Atalaya y Magdalena, que completaban el empalme del recorrido férreo, y en todos lados el nombre de Bavio surge como referente de lucha.
En gran parte, su fama se la deben al dispositivo verde al que bautizaron Microtren. Contrariamente al efecto de la Kryptonita, el verde del microtren da fueza a la lucha de una región en resistencia. Es un verde lleno de esperanzas depositadas en un retorno que, sin voluntades políticas, aparece como muy complicado.
Conscientes de ello pero lejos de resignarse, los vecinos se congregan para mantener el pasto corto y gestionar los permisos para lograr que esa especie de ómnibus con ruedas de ferrocarril pueda circular por las vías con cierta frecuencia.
“El tren es para ellos la ambulancia, el transporte, el correo y mucho más... Llegando pitaba un sonido de triunfo. Vagones llenos de vida; ansias de comunicación. Huída por achicar gastos… muerte para los poblados”, sentencia Escribano en Sueños de Tren. Y en ese tono, Roberto Zungri resalta el objetivo del grupo Por Nosotros al explicar que el anhelo es la recuperación de un ramal que devuelva la conectividad a los pueblos, que cumpla con el sentido de “servicio público” hoy ausente en cada uno de los aislados pueblos del país.
“Nosotros no tenemos ese problema de conectividad –esboza Juan Montiel, uno de los jóvenes emprendedores del Centro Cultural Estación Provincial de La Plata, en el documental -, porque realmente acá es diferente, pero sí sería buenísimo que ese ramal vuelva a funcionar. Tendríamos mucha más conectividad con una localidad rural si nosotros pudiéramos subirnos a un tren para ir a Bavio, a Pipinas, a cualquier pueblo; eso sería fabuloso para cualquier persona de La Plata”.
Y si a menos de 200 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay once pueblos que luchan desde 1978 contra el olvido y la incomunicación, basta apenas con imaginar lo que ocurrió a escala nacional cuando el ex-presidente Carlos Menem concluyó con lo que Juan Carlos Cena denomina Ferrocidio. En Soy por el tren, el propio Cena denuncia que “hay trenes a Rosario, trenes de larga distancia que dejaban a la gente varada en las grandes estaciones; Pipinas y eso, es chiquito… ¡y disimulable!”.
Entonces, ¿alguien se anima a presagiar cuál será la situación que evidenciarán las cifras finales del Censo 2010 para todos los pueblos que atraviesan por situaciones similares?
“Un chico que nació en el año que se levantó el tren, hoy tiene 30 años y se crió sin el tren. Entonces ya no piensa en el tren como la alternativa. Nosotros, por ahí, lo vemos así porque vemos que ésta es una posibilidad de desarrollo”, destaca Zungri. ¿No habrá llegado el momento para que el Estado cambie el enfoque en torno a los ferrocarriles y salde así una de las grandes deudas sociales de las últimas décadas?
'La soledad' by Juan Carlos Baglietto
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http://bln.kr/12JX/¿La Haya falló o falló La Haya?
"Que no se rasgue como seda el clima de tu corazón"
Miguel Abuelo
La costa del río Uruguay amaneció soleada. El frío de abril ya no tenía a los miles de turistas que en febrero se congregan para ver danzando a las bellas bailarinas y los cuerpos trabajados de los murgueros que pasean por el corsódromo de Gualeguaychú. Sin embargo, como desde hace casi cuatro años, sobre el puente General San Martín permanecían asentados los asambleístas que, bajo todos los climas, sostuvieron un corte que en principio buscó imposibilitar que se construyera una fábrica de celulosa finlandesa en tierras uruguayas, más tarde quiso evitar que esa pastera empezara a funcionar y finalmente tuvo que clamar por que la industria europea cerrara sus puertas.
La costa del río Uruguay amaneció soleada. Pero a partir de las 10.30 comenzó a nublarse.
Rádicada en el límite entre dos países de habla hispana, la página oficial de Botnia (http://www.metsabotnia.com/en/) no contiene un espacio en el idioma que hablan los protagonista de esta larga puja, sus empleados o los presidentes de las naciones comprometidas. Para entender sus menajes on-line es preciso, por lo menos, comprender el inglés. En mi conocimiento cuasi tarzanesco del idioma mundial, podría traducir que los empresarios fineses se presentan a sí mismos cómo los encargados de "manufacturar ecológicamente y con una ética sustentable derivados de celulosa de las principales maderas finladesas" y aseguran que la "cuidadosa atención de las cuestiones del medio ambiente son una parte integral del modo de operar de Botnia, y una clave detrás de la cálidad de sus productos".
Cuando el 12 de mayo de 2006 la entonces reina del carnaval se animó a pasearse con su indumentaria de comparsa ante los 58 jefes de Estado que posaban en Viena, Austria, para sacarse la foto inaugural de la IV Cumbre de la Unión Europea, América y el Caribe, el conflicto de dos naciones hermanadas por la historia tomó cierta trascendencia mundial. Lamentablemente, más allá del tiempo que el corte llevaba sobre el puente General San Martín y las complicaciones que ello conllevaba para cientos de hermanos latinoamericanos, lo que puso el ojo sobre la tormenta que se estaba desatando en la costa del río Uruguay fue la belleza femenina que Argentina ha exportado por años.
Pese a las airadas protestas y a los bellos reclamos, la causa se estancó. Botnia comenzó a operar y el bloqueo del puente continuó sumando días hasta alcanzar años completos. En ese lapso, el ex-Presidente Néstor Kirchner nombró a Romina Picolotti (ex-asambleísta) como Secretaría de Medio Ambiente. Tras el nombramiento de julio de 2006, Picolotti duró poco menos de dos años al frente de esa dependencia nacional, aunque fue la encargada de llevar el reclamo nacional por una vía institucional hasta la Corte Internacional de Justicia, con sede en la holandesa ciudad de La Haya.
Antes de ser despedida por la actual primera mandataria nacional (esposa de su antecesor en el cargo), Picolotti recibió el Premio Sofía en Noruega por "su compromiso en la defensa del ecosistema en el río Uruguay". No obstante, poco después debió abandonar el cargo de Secretaría inmersa en rumores que la sindicaban como responsable por malversación de fondos públicos. Finalmente ayer la acusación de Picolotti a Uruguay por violación del Tratado del río Uruguay dio sus frutos... a medias.
La Corte Internacional determinó que el más pequeño de los paises sudamericanos violó en tres puntos el tratado bilateral sobre las aguas limítrofes, aunque los jueces prefirieron excusarse en materia de contaminación y sentenciaron que la celulosa del norte europeo podrá continuar con sus actividades (como en toda industria, contaminantes) a más de 12.700 kilómetros de su país de origen.
Aunque esperable, el fallo de la Corte no deja conforme a ninguna de las dos partes. Con el clásico estilo que una vez impuso el Rey Salomón (y que en sus últimas declaraciones había sospechado el presidente chárrua), la Corte de La Haya partió las responsabilidades, advirtió irregularidades por parte de Uruguay y dio la razón una vez más a la salvaje intromisión capitalista sobre la devastada naturaleza.
Poco después de conocido el fallo en tierra holandesa, la Presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que "el eje de este conflicto desgraciado fue apartarse del tratado y debe servir como enseñanza a todos los países del mundo, porque están en juego los recursos naturales de dos países y tenemos que respetar los acuerdos”.
Resta aguardar si las palabras pronunciadas días atrás por el flamante mandatario uruguayo, José Mujica, se tornarán realidad y el dictamen de La Haya servirá "para corregir a futuro lo que hubo de malo" por parte uruguaya, además de concertar la reunión con los asambleístas de Gualeguaychú.
En tanto, el corte del puente General San Martín debería quedar sin efecto antes de que la situación se agrave aún más. Eso sí, lamentablemente el paisaje, la salud y la naturaleza han diso condenados por una nueva intromisión del capital europeo que daña la hermandad latinoamericana.
La costa del río Uruguay amaneció soleada. Las nubes de la mañana lo transformaron para siempre.
La costa del río Uruguay se fue a dormir ahogada.
Miguel Abuelo
La costa del río Uruguay amaneció soleada. El frío de abril ya no tenía a los miles de turistas que en febrero se congregan para ver danzando a las bellas bailarinas y los cuerpos trabajados de los murgueros que pasean por el corsódromo de Gualeguaychú. Sin embargo, como desde hace casi cuatro años, sobre el puente General San Martín permanecían asentados los asambleístas que, bajo todos los climas, sostuvieron un corte que en principio buscó imposibilitar que se construyera una fábrica de celulosa finlandesa en tierras uruguayas, más tarde quiso evitar que esa pastera empezara a funcionar y finalmente tuvo que clamar por que la industria europea cerrara sus puertas.
La costa del río Uruguay amaneció soleada. Pero a partir de las 10.30 comenzó a nublarse.
Rádicada en el límite entre dos países de habla hispana, la página oficial de Botnia (http://www.metsabotnia.com/en/) no contiene un espacio en el idioma que hablan los protagonista de esta larga puja, sus empleados o los presidentes de las naciones comprometidas. Para entender sus menajes on-line es preciso, por lo menos, comprender el inglés. En mi conocimiento cuasi tarzanesco del idioma mundial, podría traducir que los empresarios fineses se presentan a sí mismos cómo los encargados de "manufacturar ecológicamente y con una ética sustentable derivados de celulosa de las principales maderas finladesas" y aseguran que la "cuidadosa atención de las cuestiones del medio ambiente son una parte integral del modo de operar de Botnia, y una clave detrás de la cálidad de sus productos".
Cuando el 12 de mayo de 2006 la entonces reina del carnaval se animó a pasearse con su indumentaria de comparsa ante los 58 jefes de Estado que posaban en Viena, Austria, para sacarse la foto inaugural de la IV Cumbre de la Unión Europea, América y el Caribe, el conflicto de dos naciones hermanadas por la historia tomó cierta trascendencia mundial. Lamentablemente, más allá del tiempo que el corte llevaba sobre el puente General San Martín y las complicaciones que ello conllevaba para cientos de hermanos latinoamericanos, lo que puso el ojo sobre la tormenta que se estaba desatando en la costa del río Uruguay fue la belleza femenina que Argentina ha exportado por años.
Pese a las airadas protestas y a los bellos reclamos, la causa se estancó. Botnia comenzó a operar y el bloqueo del puente continuó sumando días hasta alcanzar años completos. En ese lapso, el ex-Presidente Néstor Kirchner nombró a Romina Picolotti (ex-asambleísta) como Secretaría de Medio Ambiente. Tras el nombramiento de julio de 2006, Picolotti duró poco menos de dos años al frente de esa dependencia nacional, aunque fue la encargada de llevar el reclamo nacional por una vía institucional hasta la Corte Internacional de Justicia, con sede en la holandesa ciudad de La Haya.
Antes de ser despedida por la actual primera mandataria nacional (esposa de su antecesor en el cargo), Picolotti recibió el Premio Sofía en Noruega por "su compromiso en la defensa del ecosistema en el río Uruguay". No obstante, poco después debió abandonar el cargo de Secretaría inmersa en rumores que la sindicaban como responsable por malversación de fondos públicos. Finalmente ayer la acusación de Picolotti a Uruguay por violación del Tratado del río Uruguay dio sus frutos... a medias.
La Corte Internacional determinó que el más pequeño de los paises sudamericanos violó en tres puntos el tratado bilateral sobre las aguas limítrofes, aunque los jueces prefirieron excusarse en materia de contaminación y sentenciaron que la celulosa del norte europeo podrá continuar con sus actividades (como en toda industria, contaminantes) a más de 12.700 kilómetros de su país de origen.
Aunque esperable, el fallo de la Corte no deja conforme a ninguna de las dos partes. Con el clásico estilo que una vez impuso el Rey Salomón (y que en sus últimas declaraciones había sospechado el presidente chárrua), la Corte de La Haya partió las responsabilidades, advirtió irregularidades por parte de Uruguay y dio la razón una vez más a la salvaje intromisión capitalista sobre la devastada naturaleza.
Poco después de conocido el fallo en tierra holandesa, la Presidente argentina Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que "el eje de este conflicto desgraciado fue apartarse del tratado y debe servir como enseñanza a todos los países del mundo, porque están en juego los recursos naturales de dos países y tenemos que respetar los acuerdos”.
Resta aguardar si las palabras pronunciadas días atrás por el flamante mandatario uruguayo, José Mujica, se tornarán realidad y el dictamen de La Haya servirá "para corregir a futuro lo que hubo de malo" por parte uruguaya, además de concertar la reunión con los asambleístas de Gualeguaychú.
En tanto, el corte del puente General San Martín debería quedar sin efecto antes de que la situación se agrave aún más. Eso sí, lamentablemente el paisaje, la salud y la naturaleza han diso condenados por una nueva intromisión del capital europeo que daña la hermandad latinoamericana.
La costa del río Uruguay amaneció soleada. Las nubes de la mañana lo transformaron para siempre.
La costa del río Uruguay se fue a dormir ahogada.
Armarse hasta los dientes aumenta la inseguridad
Con esa idea, las ONG y los familiares de víctimas fatales impulsaron el Plan Nacional de Desarme Voluntario del Renar, que concluye a fin de año. Sin embargo, en las armerías crecen las consultas. Comerciantes, expertos y funcionarios afirman que la mayoría de los delitos se cometen con armas que fueron robadas a legítimos usuarios y desalientan comprar una para ganar seguridad. "Hay que mejorar las leyes", aseguran
Desde su aparición en un tiempo muy remoto y una tierra muy lejana, las armas de fuego han transitado casi ocho siglos en los que el uso restringido y militar se fue ampliando hasta que, en la actualidad, se han convertido en el objeto codiciado por una sociedad que clama por “mayor seguridad”.
Según afirman los estudiosos del tema, la primer arma de fuego fue creada en China como consecuencia directa de otro de los muchos descubrimientos orientales: la pólvora. Al parecer, en la batalla de Kuang Feng del año 1231, los chinos utilizaron la pólvora para lanzar sus flechas a gran velocidad y de un modo similar al que hoy se observa en las cañitas voladoras.
Desde entonces, aquellos dispositivos que sirvieron para proyectar lanzas a gran velocidad se fueron diversificando hasta alcanzar la amplia gama de armas que hoy constituyen uno de los mercados que más dinero mueve alrededor del mundo. De hecho, el 28 de octubre pasado, el presidente estadounidense Barack Obama firmó el Acta de Autorización para que el presupuesto militar de su país alcance la cifra más grande de la historia:
$ 680 mil millones de dólares, más del triple de la inversión en armamento que ese país afrontó hace una década atrás.
Lejos del belicismo característico de la primera potencia mundial, cuya carrera armamentista tiene un fin específico (la intervención en guerras), el proyecto de ley de presupuesto 2010 elaborado por el Gobierno argentino prevé por todo concepto destinar casi 17 mil millones de pesos a los Servicios de Defensa y Seguridad.
Sacar al diablo de casa
Desde el Registro Nacional de Armas (Renar), dependiente del ministerio de Seguridad y Justicia de la Nación, se informó que durante 2009 fueron recuperadas 51.672 armas de fuego en el marco del Plan Nacional de Desarme Voluntario. “Estas cifras permiten afirmar que el Programa es, en la actualidad, un éxito contundente”, aseveró Lucía Gómez, encargada de llevar adelante este programa a nivel nacional.
Impulsado por ley en 2005, el Plan de Desarme Voluntario se fundó en la iniciativa de diversas Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y de familiares de víctimas de la delincuencia que consideraban necesario que el Estado se hiciera cargo de un desarme civil y “pacificara así a la sociedad toda”.
En tal sentido, desde la Red Argentina para el Desarme sostuvieron que “es necesario terminar con la concepción de que las armas legales no matan, porque en esencia la mayoría de las armas de fuego son legales en su creación y después, en algún momento de la cadena se desvían hacia el mercado negro”.
En el mismo sentido se expresó el propietario de una de las armerías platenses, que señaló que si bien en este último tiempo hubo un crecimiento en las consultas civiles sobre los requisitos, costos y riesgos de tener un arma de fuego, las ventas no reflejan ese incremento. “En gran parte esto se debe a que tener un arma legal conlleva una gran erogación de dinero. Si bien un revólver calibre 22 (el más buscado para seguridad personal) se consigue desde 400 pesos, la serie de permisos y formularios que se exigen para tener todo en regla tienen un costo cercano a los 700 pesos”, explicó el comerciante.
Clandestinidad
Si bien las más de 50 mil armas fundidas durante 2009 gracias al Plan de Desarme Voluntario representan la cifra más elevada en el año y medio de implementación, en los próximos días este programa podría concluir. Tanto las ONG’s que lo impulsaron como los familiares de las víctimas enviaron al Congreso de la Nación un pedido para que se extienda por dos años más, pero hasta el momento no obtuvieron respuesta a su solicitud.
Sin embargo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, hizo público su apoyo a la iniciativa hace unas semanas atrás al afirmar que “Argentina es uno de los países con menor índice de muertes por arma de fuego en Latinoamérica, pero estamos luchando para disminuirlo aún más a partir de medidas muy buenas y concretas como ésta”.
Desde el Renar aseguran que, hasta el momento, se logró reducir casi un 10 por ciento la tenencia de armas legales en los hogares argentinos. Esta situación “va acompañada de una reducción de armas ilegales en circulación, puesto que el mercado negro se abastece en gran parte del robo y hurto de armas a legítimos usuarios”, afirmaron desde las ONG consultadas.
En igual sentido se manifestaron los comerciantes del rubro. Luego consignaron que “el elevado costo de los trámites de registro provoca el crecimiento en paralelo del mercado ilegal, como ocurrió con el alcohol en Estados Unidos durante los años de la ley Seca”. Sin embargo, los dueños de las armerías locales defendieron los controles y el sistema de registro argentino, al que consideraron “uno de los mejores del mundo”. “El tema no es dotar de armas a la sociedad, sino modificar las leyes, otorgar mayores garantías a la Policía y que ellos puedan brindar a la ciudadanía la seguridad que corresponde”, sentenció uno de los comerciantes.
Universo paralelo
Consultado sobre la venta ilegal de armas, el especialista en Seguridad, Luis Vicat, señaló que “si bien es cierto que en los últimos años ha habido un crecimiento del mercado negro, los principales compradores siguen siendo los delincuentes”.
Y apuntó que para encontrar a un vendedor de armas ilegales es preciso ser parte del circuito desde antes. “Hoy por hoy, la venta ilegal de armas se difunde boca en boca, y los precios los arreglan entre las partes. Esto es un mercado que crece y se está volviendo muy difícil de controlar”, aseveró.
En el mercado negro hay varias categorías de armas. Lejos de las clásicas distinciones entre las de hombro y las de puño o de uso civil, civil condicional o prohibido; el mercado negro tiene sus propias distinciones.
“Un ‘fierro envenenado o caliente’ es el más accesible, ya que son armas que fueron usadas en un delito reciente y están siendo buscadas por la Policía. En ese caso, se pueden conseguir entre 100 y 200 pesos. Luego vienen las armas robadas a un legítimo usuario, que tras la limadura del número de serie, se consiguen por 300 o 400 pesos”, aseguró el especialista.
“Aunque más caras, hoy por hoy buscan las 9 milímetros. En ese caso, el precio no baja de 600 pesos. Pero actualmente hay quienes alquilan armas a las banditas. Ahí el precio lo convienen según el tipo de delito que van a cometer y, si por algún error el arma no es devuelta a su dueño, la deuda se paga con sangre”, completó Vicat.
“A toda esta estructura -dijo- se deben sumar las armas conocidas como ‘tumberas’, fabricadas por partes en diversos domicilios y luego armadas para su venta. Cuestan entre 50 y 150 pesos y se estima que hay más de 100 mil, pero es imposible precisar un número, ya que se fabrican diariamente”.
Según admitieron diversas fuentes, los que recién comienzan a delinquir buscan las “tumberas” y suelen combinarlas con revólveres calibre 32 o 38. “Muñidos con esas armas comienzan a recorrer ese universo paralelo que, en muchos casos, incluye la figura de un ‘guarda’. Esa persona les sirve de pantalla y conserva ocultas las armas hasta que la banda vuelve a operar. Generalmente, el guarda es alguien conocido por la banda, pero no despierta sospechas, porque incluso suele tener una actividad legal que aleja las dudas”, concluyó Vicat.
La abuela que se anticipó al Estado
A principios de siglo y sumidos en la crisis más fuerte de la década, Lidia Burry canjeaba armas por dinero en la periferia platense. A los 84 años sigue colaborando con la comunidad de esos mismos barrios: ahora da cursos de tejido
Hubo un tiempo, no muy lejano, en el que la política estatal de desarme civil no existía. Sin embargo, con la fuerza y el emprendimiento que sólo da el amor al prójimo y el saberse parte importante del rumbo de la historia, La Plata tuvo su propio programa de desarme voluntario.“Hace ya casi cinco años que no me dedico a esa tarea, porque ahora la hacen en el Renar”, explica Lidia Burry (84) con el tono claro, ameno y preciso que le dio su carrera de docente. Pero en los años posteriores a la crisis económica de 2001, Burry fue conocida como “la abuela de las armas”. La razón de su apodo era simple: “Como estaba jubilada, seguí mi vocación ayudando en los comedores barriales. Así fue como un día las chicas del barrio El Palihue, preocupadas porque escuchaban tiros todos los días, me empezaron a preguntar cómo me animaba a seguir yendo. Fue entonces cuando se me ocurrió cambiar armas por comida o dinero”.Con orgullo, Burry recuerda que en esa época llegó a canjear más de 900 armas en diversos barrios de la periferia platense. No obstante, se desanima un poco al juzgar que “por lo que se ve en los diarios, lo que hicimos no sirvió de nada”.Al principio, Burry llevaba las armas a la Jefatura Departamental de 12, 60 y 61. Sin embargo, cuando su actividad cobró estado público, los artistas del grupo Escombros se contactaron con ella. “Querían hacer un monumento, y yo se las di complacida. La obra estuvo expuesta en la plaza Islas Malvinas bastante tiempo, pero ahora no sé por dónde andará”, explica la mujer.Siempre serena y con la sabiduría que los años le han dado, Burry se mete de lleno en el debate sobre la delincuencia juvenil y afirma que “es primordial que el Estado garantice alimentación, salud y trabajo para los desposeídos”. Al mismo tiempo, asegura que “si un menor delinque, el Estado debería llamar a sus padres y proponerles que ese niño vaya a una escuela de régimen cerrado como pupilo. Cuando era chica, yo fui a una escuela así. Ahí te enseñan a estudiar, a hacer deportes, a trabajar. Podrán decir que atraso un poco, pero me parece que es mejor eso a que sigan una vida delictiva”.Con mil proyectos, la mujer no se resigna y continúa con su colaboración en los comedores barriales de la periferia. “Empecé juntando comida y ropa que descartaban en las cadenas internacionales de supermercados, luego canjee armas y ahora estoy yendo allí para enseñarles a trabajar. Me voy con el nylon kilométrico que me donan en Maffisa y, con palos de escoba, enseño a tejer mantas y frazadas”, concluye esta mujer emprendedora que fue pionera en el canje de armas.
Nota: este informe de mi autoría fue publicado el 13 de diciembre de 2009 por Trama Urbana, suplemento policial del diario Hoy en la noticia.
Desde su aparición en un tiempo muy remoto y una tierra muy lejana, las armas de fuego han transitado casi ocho siglos en los que el uso restringido y militar se fue ampliando hasta que, en la actualidad, se han convertido en el objeto codiciado por una sociedad que clama por “mayor seguridad”.
Según afirman los estudiosos del tema, la primer arma de fuego fue creada en China como consecuencia directa de otro de los muchos descubrimientos orientales: la pólvora. Al parecer, en la batalla de Kuang Feng del año 1231, los chinos utilizaron la pólvora para lanzar sus flechas a gran velocidad y de un modo similar al que hoy se observa en las cañitas voladoras.
Desde entonces, aquellos dispositivos que sirvieron para proyectar lanzas a gran velocidad se fueron diversificando hasta alcanzar la amplia gama de armas que hoy constituyen uno de los mercados que más dinero mueve alrededor del mundo. De hecho, el 28 de octubre pasado, el presidente estadounidense Barack Obama firmó el Acta de Autorización para que el presupuesto militar de su país alcance la cifra más grande de la historia:
$ 680 mil millones de dólares, más del triple de la inversión en armamento que ese país afrontó hace una década atrás.
Lejos del belicismo característico de la primera potencia mundial, cuya carrera armamentista tiene un fin específico (la intervención en guerras), el proyecto de ley de presupuesto 2010 elaborado por el Gobierno argentino prevé por todo concepto destinar casi 17 mil millones de pesos a los Servicios de Defensa y Seguridad.
Sacar al diablo de casa
Desde el Registro Nacional de Armas (Renar), dependiente del ministerio de Seguridad y Justicia de la Nación, se informó que durante 2009 fueron recuperadas 51.672 armas de fuego en el marco del Plan Nacional de Desarme Voluntario. “Estas cifras permiten afirmar que el Programa es, en la actualidad, un éxito contundente”, aseveró Lucía Gómez, encargada de llevar adelante este programa a nivel nacional.
Impulsado por ley en 2005, el Plan de Desarme Voluntario se fundó en la iniciativa de diversas Organizaciones no Gubernamentales (ONG) y de familiares de víctimas de la delincuencia que consideraban necesario que el Estado se hiciera cargo de un desarme civil y “pacificara así a la sociedad toda”.
En tal sentido, desde la Red Argentina para el Desarme sostuvieron que “es necesario terminar con la concepción de que las armas legales no matan, porque en esencia la mayoría de las armas de fuego son legales en su creación y después, en algún momento de la cadena se desvían hacia el mercado negro”.
En el mismo sentido se expresó el propietario de una de las armerías platenses, que señaló que si bien en este último tiempo hubo un crecimiento en las consultas civiles sobre los requisitos, costos y riesgos de tener un arma de fuego, las ventas no reflejan ese incremento. “En gran parte esto se debe a que tener un arma legal conlleva una gran erogación de dinero. Si bien un revólver calibre 22 (el más buscado para seguridad personal) se consigue desde 400 pesos, la serie de permisos y formularios que se exigen para tener todo en regla tienen un costo cercano a los 700 pesos”, explicó el comerciante.
Clandestinidad
Si bien las más de 50 mil armas fundidas durante 2009 gracias al Plan de Desarme Voluntario representan la cifra más elevada en el año y medio de implementación, en los próximos días este programa podría concluir. Tanto las ONG’s que lo impulsaron como los familiares de las víctimas enviaron al Congreso de la Nación un pedido para que se extienda por dos años más, pero hasta el momento no obtuvieron respuesta a su solicitud.
Sin embargo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak, hizo público su apoyo a la iniciativa hace unas semanas atrás al afirmar que “Argentina es uno de los países con menor índice de muertes por arma de fuego en Latinoamérica, pero estamos luchando para disminuirlo aún más a partir de medidas muy buenas y concretas como ésta”.
Desde el Renar aseguran que, hasta el momento, se logró reducir casi un 10 por ciento la tenencia de armas legales en los hogares argentinos. Esta situación “va acompañada de una reducción de armas ilegales en circulación, puesto que el mercado negro se abastece en gran parte del robo y hurto de armas a legítimos usuarios”, afirmaron desde las ONG consultadas.
En igual sentido se manifestaron los comerciantes del rubro. Luego consignaron que “el elevado costo de los trámites de registro provoca el crecimiento en paralelo del mercado ilegal, como ocurrió con el alcohol en Estados Unidos durante los años de la ley Seca”. Sin embargo, los dueños de las armerías locales defendieron los controles y el sistema de registro argentino, al que consideraron “uno de los mejores del mundo”. “El tema no es dotar de armas a la sociedad, sino modificar las leyes, otorgar mayores garantías a la Policía y que ellos puedan brindar a la ciudadanía la seguridad que corresponde”, sentenció uno de los comerciantes.
Universo paralelo
Consultado sobre la venta ilegal de armas, el especialista en Seguridad, Luis Vicat, señaló que “si bien es cierto que en los últimos años ha habido un crecimiento del mercado negro, los principales compradores siguen siendo los delincuentes”.
Y apuntó que para encontrar a un vendedor de armas ilegales es preciso ser parte del circuito desde antes. “Hoy por hoy, la venta ilegal de armas se difunde boca en boca, y los precios los arreglan entre las partes. Esto es un mercado que crece y se está volviendo muy difícil de controlar”, aseveró.
En el mercado negro hay varias categorías de armas. Lejos de las clásicas distinciones entre las de hombro y las de puño o de uso civil, civil condicional o prohibido; el mercado negro tiene sus propias distinciones.
“Un ‘fierro envenenado o caliente’ es el más accesible, ya que son armas que fueron usadas en un delito reciente y están siendo buscadas por la Policía. En ese caso, se pueden conseguir entre 100 y 200 pesos. Luego vienen las armas robadas a un legítimo usuario, que tras la limadura del número de serie, se consiguen por 300 o 400 pesos”, aseguró el especialista.
“Aunque más caras, hoy por hoy buscan las 9 milímetros. En ese caso, el precio no baja de 600 pesos. Pero actualmente hay quienes alquilan armas a las banditas. Ahí el precio lo convienen según el tipo de delito que van a cometer y, si por algún error el arma no es devuelta a su dueño, la deuda se paga con sangre”, completó Vicat.
“A toda esta estructura -dijo- se deben sumar las armas conocidas como ‘tumberas’, fabricadas por partes en diversos domicilios y luego armadas para su venta. Cuestan entre 50 y 150 pesos y se estima que hay más de 100 mil, pero es imposible precisar un número, ya que se fabrican diariamente”.
Según admitieron diversas fuentes, los que recién comienzan a delinquir buscan las “tumberas” y suelen combinarlas con revólveres calibre 32 o 38. “Muñidos con esas armas comienzan a recorrer ese universo paralelo que, en muchos casos, incluye la figura de un ‘guarda’. Esa persona les sirve de pantalla y conserva ocultas las armas hasta que la banda vuelve a operar. Generalmente, el guarda es alguien conocido por la banda, pero no despierta sospechas, porque incluso suele tener una actividad legal que aleja las dudas”, concluyó Vicat.
La abuela que se anticipó al Estado
A principios de siglo y sumidos en la crisis más fuerte de la década, Lidia Burry canjeaba armas por dinero en la periferia platense. A los 84 años sigue colaborando con la comunidad de esos mismos barrios: ahora da cursos de tejido
Hubo un tiempo, no muy lejano, en el que la política estatal de desarme civil no existía. Sin embargo, con la fuerza y el emprendimiento que sólo da el amor al prójimo y el saberse parte importante del rumbo de la historia, La Plata tuvo su propio programa de desarme voluntario.“Hace ya casi cinco años que no me dedico a esa tarea, porque ahora la hacen en el Renar”, explica Lidia Burry (84) con el tono claro, ameno y preciso que le dio su carrera de docente. Pero en los años posteriores a la crisis económica de 2001, Burry fue conocida como “la abuela de las armas”. La razón de su apodo era simple: “Como estaba jubilada, seguí mi vocación ayudando en los comedores barriales. Así fue como un día las chicas del barrio El Palihue, preocupadas porque escuchaban tiros todos los días, me empezaron a preguntar cómo me animaba a seguir yendo. Fue entonces cuando se me ocurrió cambiar armas por comida o dinero”.Con orgullo, Burry recuerda que en esa época llegó a canjear más de 900 armas en diversos barrios de la periferia platense. No obstante, se desanima un poco al juzgar que “por lo que se ve en los diarios, lo que hicimos no sirvió de nada”.Al principio, Burry llevaba las armas a la Jefatura Departamental de 12, 60 y 61. Sin embargo, cuando su actividad cobró estado público, los artistas del grupo Escombros se contactaron con ella. “Querían hacer un monumento, y yo se las di complacida. La obra estuvo expuesta en la plaza Islas Malvinas bastante tiempo, pero ahora no sé por dónde andará”, explica la mujer.Siempre serena y con la sabiduría que los años le han dado, Burry se mete de lleno en el debate sobre la delincuencia juvenil y afirma que “es primordial que el Estado garantice alimentación, salud y trabajo para los desposeídos”. Al mismo tiempo, asegura que “si un menor delinque, el Estado debería llamar a sus padres y proponerles que ese niño vaya a una escuela de régimen cerrado como pupilo. Cuando era chica, yo fui a una escuela así. Ahí te enseñan a estudiar, a hacer deportes, a trabajar. Podrán decir que atraso un poco, pero me parece que es mejor eso a que sigan una vida delictiva”.Con mil proyectos, la mujer no se resigna y continúa con su colaboración en los comedores barriales de la periferia. “Empecé juntando comida y ropa que descartaban en las cadenas internacionales de supermercados, luego canjee armas y ahora estoy yendo allí para enseñarles a trabajar. Me voy con el nylon kilométrico que me donan en Maffisa y, con palos de escoba, enseño a tejer mantas y frazadas”, concluye esta mujer emprendedora que fue pionera en el canje de armas.
Nota: este informe de mi autoría fue publicado el 13 de diciembre de 2009 por Trama Urbana, suplemento policial del diario Hoy en la noticia.
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